En un acto que en esencia fue calcado al que protagonizó Winston Churchill ante la evidencia de las actividades del espía y Lord del Almirantazgo William Forbes-Sempill, la ministra de Defensa española Dolores de Cospedal, firmó la resolución del expediente sobre el accidente del Yakolev 42 asumiendo la responsabilidad de la administración aunque rechazando las indemnizaciones a los familiares de los 62 militares fallecidos.
Cogiéndosela con papelillos de fumar, la ministra dió la razón a los familiares, aceptó la reprimenda del Consejo de Estado y se lavó las manos por su partido, por el exministro Trillo y por los carniceros con estrellas que fueron a repatriar los cuerpos mutilados de nuestros soldados.
El exministro de Defensa español Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde fue, "castigado" por su responsabilidad con el nombramiento de Embajador del Reino de España en el Reino Unido, una embajada de relevancia que se le dió a pesar que el ministro de exteriores García Margallo se había comprometido a reservar los cargos en las embajadas exclusivamente a miembros del cuerpo diplomático.
En este caso, como apuntaba en los medios el portavoz de la asociación de familiares de las víctimas del Yakolev 42, los efectos de la corrupción tuvo trágicas consecuencias. Nuestros soldados, además de enfrentarse a las balas y las bombas de las fuerzas enemigas, hubieron de enfrentarse a la codicia y la avaricia más repugnante de quienes debían asegurarles un retorno seguro a sus bases lejos del frente de batalla. Ellos, nuestros héroes impávidos, calleron abatidos por las garras de las aves carroñeras que entonces al igual que hoy saqueaban los erarios públicos para su propio beneficio. No les importaban las bajas ni el dolor que pudieran causar, solo buscaban saciar sus ansias de poseer. Y cuando la tragedia se había consumado, el ejecutivo comandado por el sátrapa que se creía amado de los dioses, según sus propias confesiones redactadas en su autobiografía, ordenaba ejecutar la vuelta de los cuerpos a la mayor brevedad y al coste que fuera, sin tener en cuenta los últimos deseos de los caídos por alta traición.
Por cierto, algún día habrá que acusar al gobierno de Aznar del delito de traición, cuestión que ya se planteó y parece ser que no fue aceptada. Yo aún así pienso que sería acertado acusar de ese delito a ese gobierno en base al asesinato de los soldados españoles del Yak 42, puesto que las condiciones de la aeronave eran de sobra conocidas por todos los estamentos implicados en las operaciones de repatriación de efectivos, tanto por las denuncias efectuadas por los propios militares como por la dejación de obligaciones de control por parte de los obligados a ello. Y aún así se les ordenó subir al féretro con alas que les llevaría al otro mundo.
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