¿Qué le pasa a la Justicia en España? El lawfare contra el independentismo.
Parece que el “Pacto de Bruselas” ha reavivado la polémica sobre la guerra sucia de los estamentos judiciales patrios, cuando las posibilidades de que Podemos siquiera permanezca en el gobierno de la nación y a la espera de su desaparición, tan deseada por los poderes fácticos de esta España cañí, los últimos acontecimientos políticos han reavivado a las huestes de las togas, de las puñetas y de los birretes que se han sentido ofendidos y hasta perseguidos por la letra de un acuerdo que han firmado dos partido políticos dentro de su capacidad legal para hacerlo.
El Consejo General del Poder Judicial, que habría de ser renovado, conforme a la Constitución a la que tanto profesan culto, hace casi cinco años, por lo que se hallan en una situación de alegalidad y, por ello deberían tener cerrada la boca y no inmiscuirse en las gestiones de los ciudadanos porque a ellos no les corresponde, siendo un cometido de los tribunales específicos siempre y cuando no se trate de negociaciones prohibidas y estas no lo son.
Otros estamentos de la elitista y clasista clase judicial española también se han levantado enfurecidos contra la posibilidad de que los políticos metan mano a sus oscuros tejemanejes, ellos acusan a menudo al poder legislativo de intromisión en el poder judicial cuando es exactamente al revés, lo que ocurre es que casi siempre los políticos no se atreven a acusar a los jueces de ser unos transgresores de la ley, y no deberían callar y sí denunciar que para eso existe el delito de prevaricación: El delito de prevaricación viene recogido en el artículo 404 del Código Penal español y castiga a toda autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo de su competencia.
En este orden de cosas recordemos la brutal guerra sucia de algunos jueces contra Podemos y sus dirigentes, lawfare que solo ha conseguido con la indispensable ayuda de la prensa pseudo fascista, así como de los medios televisivos de capital neocom, que la formación morada pierda apoyo popular y haya entrado en una crisis que sin duda sabrán recomponer con el tiempo.
Que el partido más corrupto de Europa el PP, denuncie el pacto de Bruselas, es solo una garantía de su idoneidad. Los independentistas desde que el partido podrido dejara el gobierno de España, han ido paulatinamente dejando de ser un problema para la unidad de la nación, ha sido siempre la reacción a las políticas del odio emanadas por la formación post franquista, las que han sumido a Catalunya en el enfrentamiento con el resto del territorio nacional. Son estos aprendices de dictador los que se apropian de la bandera de todos, del título de españolidad y de decidir quienes tienen derechos y quienes no, donde empieza la libertad y donde acaba, para ellos la igualdad no reside en tener acceso a una vivienda o a un sueldo digno, sino en quienes van a la cárcel por ejercer la libertad de expresión y quienes pueden mal mentir y difamar sin que les ocurra nada porque gozan del favor de una judicatura hecha a su medida.
Si tuviésemos una justicia democrática y no dependiente de otros, muchos de los hechos y llamamientos hechos en los últimos días durante el asedio a las sedes del PSOE, hubieran sido perseguidos de oficio, tal y como debería haber ocurrido durante los meses de asedio a la vivienda del Vicepresidente del gobierno de España Pablo Iglesias y de la Ministra de Igualdad Irene Montero.
Hoy en día los fascistas toman las calles amenazando el discurrir democrático de esta nación, mientras los lacayos de los medios de comunicación y de la justicia hacen la vista gorda amparando el asalto a las libertades.
